“Las políticas públicas de
seguridad ciudadana responden a un diseño politizado, populista, y al margen de
la ciencia del Derecho y de las ciencias sociales”.
(Fuente foto referencial: vozpopuli.com)
Cuando el maestro español Joan
Queralt pregunta "¿Ha padecido usted, familiares, allegados o conocidos un
ataque terrorista? ¿Un asesinato? ¿Una violación con desaparición de la
víctima? La respuesta ha de ser negativa pues ni se ha sido víctima de uno de
estos gravísimos delitos ni se tiene conocimiento próximo de tal lamentable
vivencia. Naturalmente, esto ocurre en España que es uno de los países más
seguros de la Unión Europea; un escaso número de jueces y fiscales, auxiliados
de una numerosísima policía, garantiza adecuadamente la seguridad".
En el Perú, el problema es
distinto. Acá, la inseguridad ciudadana es un problema social y político
significativo. ¿Cuáles son las razones? Son varias, entre ellas: el marcado populismo
y la politización del Derecho penal.
En nuestro país, las políticas
para el control del delito se diseñan en función del clamor de la opinión
pública, de la influencia mediática, de los pedidos de las víctimas de “pena de
muerte y cadena perpetua a los delincuentes” y de la voz de algunos políticos
–y de sus asesores- que unas veces omiten y otras formulan políticas públicas
en función al cálculo de sus ventajas políticas. El diseño así descrito se
torna claramente politizado y populista, y al margen de la voz de los expertos
en justicia penal.
Ése es el problema que existe en
nuestro país, que desplaza el saber hacer
por un sistema fundamentalmente acientífico, más reactivo que preventivo. Desde
esa perspectiva, los resultados reflejan una escasez de seguridad porque los
frenos políticos y populistas, obstaculizan el proceso de desarrollo de
investigaciones científicas de política criminal.
Lamentablemente, las racionales
demandas públicas de seguridad hacen que el Poder Legislativo responda con un
discurso emotivo construido desde un modelo de Derecho penal máximo, con más leyes y con más penas. Y entonces, no
se llega a comprender que aquella expansión irrazonable del Derecho penal
significaría a la postre no sólo una menor seguridad sino una grave inmoralidad
política que hace irresoluble el conflicto social.
De ahí que, el proceso de
generación de políticas públicas de seguridad puede calificarse en lo punitivo
como arbitrario. Y es que el actual modelo en pro de la seguridad ciudadana va
en camino contrario a la construcción de un Derecho
penal mínimo. Se promulgan leyes con penas de muy larga duración y
perpetuas, sin ninguna ponderación científica para el control eficaz de la
criminalidad, y es más, transgrediendo
de manera irrespetuosa el derecho a la dignidad humana.
Ello presupone la imposición de
penas sin justicia e inútiles, sin una ponderación preventivamente equilibrada de
la medida de la culpabilidad, que vulnera la prohibición de penas inhumanas y degradantes,
y que transparenta, de un lado, un poder político que decide al margen de la
ciencia del Derecho y de las ciencias sociales, y de otro, una norma arbitraria
producida en un modelo de gobernabilidad
irreflexivo e intolerante, facilitadora de la vindicta y sumisa a las
teorías penológicas de la retribución.
De manera consecuente, considera
Roxin, que “no se debe dejar únicamente
en manos de los políticos las ponderaciones y delimitaciones que son aquí
necesarias, sino debe reconocerse que estas son tareas de primer rango de la
ciencia del Derecho y, en este caso, también de las ciencias sociales”.
En esa línea, pienso que nuestro
legislador debería mostrar su apertura a los avances de disciplinas claves como
la criminología, la sociología, la política criminal y de seguridad, que
informan sobre la perversidad e inutilidad de la represión punitiva extrema.
En resumen, la reconfiguración de
la gestión del control de la criminalidad y la reversión de la inseguridad va
más allá del Derecho penal. Para ello no se necesitan más leyes y penas
irrazonables, se necesita una Administración Pública con capital moral, ciudadanos organizados, operadores judiciales y
fiscales con independencia para ponderar principios, una policía de proximidad y el
concurso de políticos con propuestas de políticas públicas preventivas. Sin
duda, la seguridad es un problema mayor que tenemos que afrontar, con el objeto
de revertir esa sensación permanente de miedo y lograr el sello de legitimidad que
tanto urge al crítico sistema de justicia penal.
