SEGURIDAD CIUDADANA: POPULISMO Y POLITIZACIÓN DEL DERECHO PENAL

“Las políticas públicas de seguridad ciudadana responden a un diseño politizado, populista, y al margen de la ciencia del Derecho y de las ciencias sociales”.

(Fuente foto referencial: vozpopuli.com)

Cuando el maestro español Joan Queralt pregunta "¿Ha padecido usted, familiares, allegados o conocidos un ataque terrorista? ¿Un asesinato? ¿Una violación con desaparición de la víctima? La respuesta ha de ser negativa pues ni se ha sido víctima de uno de estos gravísimos delitos ni se tiene conocimiento próximo de tal lamentable vivencia. Naturalmente, esto ocurre en España que es uno de los países más seguros de la Unión Europea; un escaso número de jueces y fiscales, auxiliados de una numerosísima policía, garantiza adecuadamente la seguridad".

En el Perú, el problema es distinto. Acá, la inseguridad ciudadana es un problema social y político significativo. ¿Cuáles son las razones? Son varias, entre ellas: el marcado populismo y la politización del Derecho penal.      

En nuestro país, las políticas para el control del delito se diseñan en función del clamor de la opinión pública, de la influencia mediática, de los pedidos de las víctimas de “pena de muerte y cadena perpetua a los delincuentes” y de la voz de algunos políticos –y de sus asesores- que unas veces omiten y otras formulan políticas públicas en función al cálculo de sus ventajas políticas. El diseño así descrito se torna claramente politizado y populista, y al margen de la voz de los expertos en justicia penal.

Ése es el problema que existe en nuestro país, que desplaza el saber hacer por un sistema fundamentalmente acientífico, más reactivo que preventivo. Desde esa perspectiva, los resultados reflejan una escasez de seguridad porque los frenos políticos y populistas, obstaculizan el proceso de desarrollo de investigaciones científicas de política criminal.

Lamentablemente, las racionales demandas públicas de seguridad hacen que el Poder Legislativo responda con un discurso emotivo construido desde un modelo de Derecho penal máximo, con más leyes y con más penas. Y entonces, no se llega a comprender que aquella expansión irrazonable del Derecho penal significaría a la postre no sólo una menor seguridad sino una grave inmoralidad política que hace irresoluble el conflicto social.            

De ahí que, el proceso de generación de políticas públicas de seguridad puede calificarse en lo punitivo como arbitrario. Y es que el actual modelo en pro de la seguridad ciudadana va en camino contrario a la construcción de un Derecho penal mínimo. Se promulgan leyes con penas de muy larga duración y perpetuas, sin ninguna ponderación científica para el control eficaz de la criminalidad, y es más,  transgrediendo de manera irrespetuosa el derecho a la dignidad humana.

Ello presupone la imposición de penas sin justicia e inútiles, sin una ponderación preventivamente equilibrada de la medida de la culpabilidad, que vulnera la prohibición de penas inhumanas y degradantes, y que transparenta, de un lado, un poder político que decide al margen de la ciencia del Derecho y de las ciencias sociales, y de otro, una norma arbitraria producida en un modelo de gobernabilidad irreflexivo e intolerante, facilitadora de la vindicta y sumisa a las teorías penológicas de la retribución.

De manera consecuente, considera Roxin, que “no se debe dejar únicamente en manos de los políticos las ponderaciones y delimitaciones que son aquí necesarias, sino debe reconocerse que estas son tareas de primer rango de la ciencia del Derecho y, en este caso, también de las ciencias sociales”.

En esa línea, pienso que nuestro legislador debería mostrar su apertura a los avances de disciplinas claves como la criminología, la sociología, la política criminal y de seguridad, que informan sobre la perversidad e inutilidad de la represión punitiva extrema.

En resumen, la reconfiguración de la gestión del control de la criminalidad y la reversión de la inseguridad va más allá del Derecho penal. Para ello no se necesitan más leyes y penas irrazonables, se necesita una Administración Pública con capital moral, ciudadanos organizados, operadores judiciales y fiscales con independencia para ponderar principios, una policía de proximidad y el concurso de políticos con propuestas de políticas públicas preventivas. Sin duda, la seguridad es un problema mayor que tenemos que afrontar, con el objeto de revertir esa sensación permanente de miedo y lograr el sello de legitimidad que tanto urge al crítico sistema de justicia penal.