(Foto: rpp.com)
El
27/04/2017 aparece publicada (la mula.pe) la siguiente noticia: La “compañera” en el despacho del Juez Concepción Carhuancho. Se informa que una de las especialistas del despacho del Juez en mención tiene
filiación política comprobada.
Por
cierto, cada vez que hablamos de militancia política de personal administrativo
y jurisdiccional en el sistema de justicia, recurrimos a una frase que ya se ha
hecho común: la partidización de la justicia. Esta, en principio, tiene
relación con la independencia de los jueces, que mal gestionada, puede
desestabilizar el sistema judicial.
La
partidización de la justicia es uno de los grandes problemas de vieja data que
deben ser atacados desde su raíz. Naturalmente, cuando la organización judicial
es un organismo jerárquicamente organizado, se impone a los subalternos
–evaluadores y seleccionadores- el “hábito de la obediencia”. Y por ahí se
puede filtrar algún nombramiento político que puede poner en riesgo o afectar groseramente
la independencia en la administración de justicia.
Este
caso no es el único, puede haber más. Si se hace una evaluación integral y
sistemática seguro que se van a encontrar grandes sorpresas. Pero, entonces, ¿quién
o quiénes son los responsables del nombramiento de personal perteneciente a partidos
políticos? La respuesta no necesariamente tiene que ver con el Juez Concepción
Carhuancho. Los responsables directos, en este caso, son los encargados de la
selección de personal administrativo que no han asumido con responsabilidad su
función imparcial de evaluación y deciden nombrar a personal militante o activista
de partidos políticos.
El
pecado es mayor si se tiene en cuenta que el nombramiento se produce en un
Despacho Judicial de delitos de corrupción. Entonces, surge la necesidad de poner
freno a esta anomalía. ¿Cómo? De un lado, que los que están en el ámbito
jurisdiccional se abstengan de conocer casos vinculados con personajes político-partidarios;
y, de otro, que se controle y limite el ejercicio de la función donde se
sospeche de la presencia de peligrosas exigencias políticas que podrían poner
en riesgo o afectar la independencia judicial.