¿PORQUÉ NO PREVIENEN EL DELITO EN LUGAR DE
APLICAR MÁS Y MÁS MEDIDAS CORRECCIONALISTAS?
Ya hemos
mencionado en alguna ocasión sobre la problemática de la inseguridad ciudadana,
las líneas de acción y sus soluciones a través de la criminología, la política
criminal y el derecho penal. Pues bien, una política constantemente recurrente
para contrarrestar la criminalidad ha sido el retorno a las vías arcaicas del
derecho penal. Así, aparecen más leyes, más población penitenciaria con
cárceles de supermáxima seguridad y más penas que no son sino costosas medidas
correccionalistas que no llegan a cumplir el objetivo de la seguridad que hoy en día es
la gran preocupación de la ciudadanía.
Al contrario, se
aprecia una ausencia de medidas preventivas en las políticas de seguridad
ciudadana, a pesar que en el mundo se ha demostrado que son las alternativas
que mejor pueden salvaguardar el orden social. En la prevención especial
negativa se apela a la neutralización del autor y en la prevención general
negativa a la crueldad del legislador para que castigue a los hombres malos con
la pena de cadena perpetua, y cuando aquel responde con modificaciones
irreflexivas y represivas en la ley penal, se da por descontado que se
convierte al legislador en un hombre malo, y como se afirma en la doctrina
especializada “más malo que los hombres
malos que se quiere castigar[1]”.
Esta situación causa perplejidad pues, ¿cómo puede ser que se continúe con esa
monstruosa política correccionalista si no sirve de nada? La respuesta es que
acá reina el populismo punitivo -productor de miseria a cambio de votos- y no
se pone atención en los esquemas técnicos de prevención.
El estado de la
cuestión requiere un buen diseño de programas y una línea de acción estratégica
con mayor prevención, esa es la vía. Realizada esta precisión, debe quedar
claro que resulta inexplicable prescindir de estrategias y políticas públicas
de prevención. Y aquí juega un rol importante la racionalización de la
inversión estatal, la misma que deberá afirmarse básicamente en la educación
desde la niñez, para cumplir con aquel dicho popular que dice “más vale un
gramo de prevención que un kilo de curación”. Es decir, se debe instar la
aplicación de una política de optimización de recursos orientándolos a la
prevención y evitando malgastar el dinero público en más policías, más
fiscales, jueces y abogados, o más prisiones. Y es que, en principio, no
necesitamos más burócratas en las organizaciones públicas sino la mejor
producción y productividad de los que ya tenemos.
Ahora bien,
debemos admitir que la situación es manifiestamente mejorable con un paquete de
medidas de seguridad: mejora en el alumbrado público, patrullaje policial a
pié, retiro de coches abandonados en las calles, aparcamientos controlados,
políticas de seguridad de los propios comerciantes para no facilitar los hurtos
o robos, políticas de planificación urbana, basura acumulada, vecinos
vigilantes solidarios, patrullaje militar, policía comunitaria de apoyo a la
policía nacional, políticas de venta y uso de armas de fuego, de videocámaras
en lugares públicos, políticas de educación, de deporte, de salud pública
relacionadas con el consumo de drogas y alcohol, etc. Este paquete de medidas
en pro de la seguridad constituye un planteamiento de eficacia preventiva y colectiva que se opone al planteamiento
correccionalista estúpido de producir más leyes y más penas para condenar
más.
En efecto, el
correccionalismo es un mito defendido por los gobiernos autoritarios y por la
opinión pública desinformada e irreflexiva. Es una alternativa electoralmente
rentable para los políticos, que multiplica miseria a cambio de votos pero que no
resuelve los problemas sociales como el de la seguridad. Sin duda, este
planteamiento de endurecimiento penal asociado con la influencia mediática no
tiene aval en la lucha contra la criminalidad. Pese a todo, la resultante es
que si se siguen con estas “políticas” gubernamentales basadas en un Derecho
penal vengativo con solo medidas correccionalistas hechas para la televisión y
al margen del Derecho de prevención, no se transparentará una reducción de la
criminalidad pero si una gran rentabilidad de las empresas de seguridad privada
y de seguros que viven de la inseguridad y que los pobres no pueden pagar.
[1]
Cfr. Mario Alberto Juliano-Fernando Ávila. Contra
la prisión perpetua. Una visión histórica y comparada de las penas a
perpetuidad. Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires - Argentina, 2012, p.
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